Los derechos humanos o fundamentales se pueden comprender desde varios puntos de vista. Aquí nos parece importante resaltar tres. Por un lado, desde una reflexión ética que considera a los derechos como un camino para hacer posible la dignidad humana; y por otro, la jurídica, que recoge y explica su incorporación al ordenamiento jurídico. Ambas perspectivas son imprescindibles para la comprensión del fenómeno al que denominamos “derechos humanos o fundamentales”. Incluso una tercera reflexión –a la que podríamos llamar sociológica– sobre los factores económicos, sociales, y culturales que inciden sobre este tipo de derechos es necesaria para aproximarnos de manera integral a ellos.
La reflexión ética nos aproxima a los fundamentos de los derechos, a los valores que los sustentan (como la libertad, igualdad, seguridad y solidaridad), así como al fin último que estos persiguen (promocionar y defender la dignidad del ser humano en todas las esferas de su vida). Dicha reflexión permite que contemos con argumentos morales para controlar y criticar al poder político, así como a su Derecho positivo, más aún si se tiene en cuenta que, en el ámbito de nuestra cultura occidental y moderna, no es legítimo el poder político, ni justo su Derecho positivo, que no reconoce los derechos humanos o fundamentales y/o que no cumple con los actos necesarios para que ellos alcancen la mayor virtualidad o eficacia posible.
La reflexión jurídica aborda toda la problemática vinculada a la juricidad de los derechos una vez que han sido positivados o incorporados a un determinado Derecho positivo. Se ocupa así de la posición que ocupan en el ordenamiento jurídico, de sus funciones, de los derechos, libertades, potestades o inmunidades que otorgan a sus titulares, de las obligaciones que generan para el Estado y para los particulares, así como de la especial protección de la que deben ser objeto, entre otras.
Finalmente, la reflexión sociológica pone el acento en la relación que existe entre los derechos y la realidad social, permitiéndonos observar en ellos expresiones culturales de una sociedad en un contexto histórico determinado, así como los condicionamientos económicos, sociales y culturales que favorecen, dificultan o impiden su efectividad. Todo ello con la finalidad de que los derechos no sean solo exigencias éticas, provistas de juricidad, sino que también tengan una eficacia real en la sociedad.