La construcción de una sociedad justa

La experiencia histórica nos enseña que la construcción de una sociedad justa, orientada al desarrollo integral del ser humano, requiere de ciertos presupuestos para su realización. En primer lugar, que la autoridad sea tolerante, esté dispuesta a oír todas las opiniones y posibilite los cauces adecuados para la deliberación y participación ciudadana; que actúe sin arbitrariedad y sepa distinguir las esferas de lo público y de lo privado para que las respete y no imponga una sobre la otra. Requiere que esté capacitada, no solo en cuestiones jurídicas, sino también en filosofía moral y política, en sociología, economía y otras esferas de la vida. Necesita de un operador con una formación humanista y jurídica adecuadas, con una capacitación permanente para atender con efectividad los nuevos problemas y conflictos que se deriven de las relaciones humanas cada vez más complejas. En segundo lugar, una participación más activa del individuo en la vida política y jurídica de su sociedad porque ello redundará en el bienestar de la comunidad. Requiere de un ciudadano que viva conforme con ciertos valores cívicos, por ser condiciones necesarias para la convivencia social. En tercer lugar, se requiere de una sociedad democrática que haga suya la idea de los derechos fundamentales, que los ejerza cotidianamente y sepa defenderlos en todos los escenarios. Una sociedad dialogante, tolerante, solidaria y participativa, que actúe con respeto a la diversidad y facilite la inclusión; que promueva la deliberación y participación en el ámbito público de todas las personas y grupos, especialmente en la formación de la voluntad estatal, en una actuación que no solo debe tener en cuenta el interés individual sino también el interés de la comunidad. Requiere de una sociedad que sepa construir y desarrollar diariamente los ideales de una auténtica democracia y de un verdadero Estado de Derecho.